El pasado 11 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de contratación pública verde, por el que el Ejecutivo someterá a una auditoría ambiental todas las compras de bienes y servicios que realice la Administración General del Estado (tanto Ministerios como Organismos Autónomos).El Plan fija una serie de objetivos en ocho áreas (construcción, transporte, energía, equipos de oficina, papel, mobiliario, limpieza y eventos) que se revisarán en 2010 por una comisión interministerial con representantes de Medio Ambiente, Economía y Administraciones Públicas. El siguiente paso será la aprobación de un reglamento en el que se incluirán los criterios medioambientales que deberán cumplir las empresas que opten a los concursos públicos.
Poner en marcha la maquinaria pública supone cada día un mayor gasto, tanto económico como ambiental (toneladas de papel, necesidades energéticas muy importantes, etc.), por lo que una iniciativa de este tipo, si se aplica rigurosamente, debería ser bienvenida.
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